Informe para inversores: Inversión responsable y derechos de los pueblos indígenas en la transición energética

Highland Valley Copper - Recuperado 2007 por Vicky Somma tiene licencia CC BY-NC-SA 4.0 

PRÓLOGO

La autodeterminación y la soberanía de los pueblos indígenas están íntimamente ligadas a la emergente transición energética y a la economía verde, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) ha sido fundamental para comunicar esta relación y proporcionar un marco para la acción reconciliadora. Además, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos "Proteger, Respetar y Remediar" responden a una laguna crítica en el compromiso y la aplicación, y centran el debate en torno a las corporaciones y otras empresas comerciales. Las empresas se han enfrentado a importantes pérdidas materiales por no reconocer los riesgos derivados de no respetar los derechos, títulos e intereses de los pueblos indígenas y de no respetar el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Las infracciones del CLPI son generalizadas en todo el mundo, exacerbadas por los incentivos económicos a favor de la negociación rápida y la contratación directa. Con la reciente adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en los regímenes de formulación de políticas de Estados Unidos y Canadá, pronto habrá fuertes incentivos para impulsar una mayor protección de los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas en estas jurisdicciones.

Los inversores son fundamentales para cambiar este paradigma, ya que pueden abogar por la autodeterminación indígena en las políticas y operaciones, y los nuevos inversores en el espacio de la inversión responsable deben reconocer que sus voces pueden afectar al cambio. Al reflexionar sobre cómo aparecer y comprometerse tanto con los pueblos indígenas como con las empresas a través de una lente no transaccional, se trata de una oportunidad para evaluar el riesgo y la oportunidad de manera diferente, desafiar los patrones históricos de inequidad, tomar decisiones de inversión que respeten el CLPI y priorizar las relaciones equitativas a largo plazo y la integración significativa de los conocimientos de los pueblos indígenas.

INTRODUCCIÓN

Se está produciendo una transición energética hacia una economía con bajas emisiones de carbono para frenar la dependencia social de los combustibles fósiles y pasar a alternativas energéticas más limpias que fomenten la sostenibilidad medioambiental y económica a largo plazo. La transición ha incrementado la demanda y la extracción intensiva de minerales de transición (por ejemplo, cobre, cobalto, níquel, litio, plata y minerales de tierras raras) para producir las tecnologías necesarias. Se calcula que la producción de estos minerales podría aumentar casi un 500% de aquí a 2050 para satisfacer la creciente demanda de energía limpia[1], y que más del 50% de las reservas conocidas de minerales y metales de transición energética se encuentran en tierras indígenas[2].

Una transición del sector energético mundial creará nuevas oportunidades económicas, y el concepto de "transición justa" ha surgido en el discurso económico y político. De ello se han hecho eco organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y ha sido reconocido por el Acuerdo de París de 2015. Para que esta transición sea justa, los costes y beneficios del cambio a una economía más verde deben distribuirse de forma equitativa con la intención de minimizar los riesgos para las comunidades marginadas. Debe ser un proceso inclusivo que sitúe a los trabajadores y las comunidades en el centro de los debates que afectan a sus medios de vida, su salud y su bienestar.

Los pueblos indígenas de todo el mundo son especialmente susceptibles a los efectos adversos del cambio climático debido a las múltiples formas en que sus culturas y medios de vida están ligados al medio ambiente. Además, sus comunidades tienden a estar situadas geográficamente en zonas con variabilidades climáticas de alto riesgo, y donde las economías basadas en el lugar están cambiando rápidamente. Los pueblos indígenas han sido históricamente excluidos de los procesos de toma de decisiones, incluida la elaboración de políticas climáticas, por lo que su aportación a las soluciones políticas actuales en la medida en que afectan a sus tierras, territorios y recursos es limitada y a veces inaccesible.

Los efectos medioambientales y sociales negativos de la extracción de minerales en los pueblos y comunidades indígenas son bien conocidos. Las investigaciones han demostrado que la inadecuada protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en las operaciones empresariales conlleva riesgos con repercusiones materiales cuantificables y daños inconmensurables para los pueblos indígenas y sus territorios tradicionales[3 ]. Si no se presta atención, una economía baja en carbono podría parecerse a la actual economía impulsada por los combustibles fósiles, en la que los beneficios y las oportunidades se acumulan entre las corporaciones y las instituciones financieras. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas y otros grupos marginados se enfrentan a crecientes cargas e injusticias medioambientales y sociales[4].

A través del prisma de las asociaciones equitativas, este informe para inversores examina algunos de los riesgos y oportunidades de la transición a una economía con bajas emisiones de carbono. Incluye factores críticos importantes para los inversores a la hora de centrar los derechos, títulos e intereses indígenas en las políticas y operaciones, y ofrece recomendaciones sobre cómo los inversores pueden apoyar mejor a los pueblos indígenas en una transición justa.

EL IMPACTO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Los derechos de los pueblos indígenas han sido cada vez más reconocidos mediante la adopción de instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y el principio del consentimiento libre, previo e informado (CLPI).

Consentimiento libre, previo e informado (CLPI).

El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), tal como se define en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece la norma para la colaboración con los pueblos indígenas. El CLPI es un mecanismo para garantizar que los derechos humanos y las prioridades autodeterminadas de los pueblos indígenas se integran en las decisiones que podrían afectarles a ellos o a sus tierras, territorios y recursos. El CLPI incluye un proceso de toma de decisiones sin presiones ni intimidaciones (libre), que se lleva a cabo antes de emprender la actividad que afecta a la comunidad (previo), con la posesión de conocimientos completos y precisos sobre la actividad y su impacto en la comunidad (informado), de modo que la comunidad pueda otorgar o denegar su permiso sobre la actividad (consentimiento)[5].

El CLPI de los pueblos indígenas se aplica a todos los proyectos y actividades que afectan positiva o negativamente a los pueblos indígenas. Aunque el respeto y la aplicación del CLPI por parte de las empresas no deben limitarse en modo alguno, la DNUDPI señala la expectativa del CLPI en los siguientes artículos:

• El traslado de pueblos indígenas de sus tierras o territorios (artículo 10)
• El acceso a la reparación en relación con la propiedad cultural, intelectual, religiosa y espiritual tomada sin CLPI o en violación de la ley (artículo 11).
• la adopción y aplicación de medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles (artículo 19)
• El almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en tierras o territorios de pueblos indígenas (Artículo 29)
• Sus prioridades y estrategias de desarrollo para sus tierras, territorios y recursos

Además, los pueblos indígenas que han sido desplazados de sus tierras cuando éstas han sido "confiscadas, tomadas, ocupadas o dañadas sin su consentimiento libre, previo e informado" tienen derecho a la restitución u otras reparaciones apropiadas (artículo 28).

Acuerdos internacionales como el Acuerdo de París de 2015 animan a los gobiernos a garantizar una transición justa que pueda maximizar los beneficios de las políticas climáticas y minimizar las dificultades para los trabajadores y las comunidades.^[6] Sin embargo, existen lagunas crónicas en su aplicación y práctica, sobre todo en el sector de la extracción de recursos. A pesar de que los pueblos indígenas suelen ser los primeros y los más perjudicados por la economía extractiva y la crisis climática, no se comprenden las múltiples consecuencias negativas que esta transición tiene para las comunidades indígenas:

• Impactos económicos: Frenar la extracción de combustibles fósiles puede causar importantes trastornos económicos en las comunidades indígenas que dependen de esta industria como fuente de empleo,^[7] ingresos y energía. A la inversa, los patrones del pasado dictan que los pueblos indígenas no serán incluidos en los beneficios económicos aunque soporten los costes de extracción medioambientales y sociales a largo plazo.
• Impactos sobre la salud y el medio ambiente: Varios minerales de transición se extraen mediante minería de sulfuros y la lixiviación de ácido sulfúrico, que es altamente peligroso para los ríos de agua dulce, lagos, arroyos y aguas subterráneas. La biodiversidad y los lugares culturales y sagrados, que están intrínsecamente ligados a la vida de los indígenas, en particular el derecho a pescar con fines sociales y ceremoniales (FSC), se verían afectados negativamente.
• Impactos sociales: El Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos informó de 495 denuncias de derechos humanos relacionadas con la extracción de minerales de transición entre 2010-2021.^[8] Las violaciones contra los pueblos indígenas incluyen la falta de aplicación del CLPI, el desplazamiento y la desposesión, el trabajo forzoso y el trabajo infantil, lo que lleva a la violencia contra las mujeres indígenas y el tráfico sexual, la represión y el asesinato de defensores indígenas de los derechos humanos[9].
• Libre determinación: El derecho a la participación equitativa en la toma de decisiones que puedan afectar a las tierras, territorios, recursos y formas de vida de los pueblos indígenas.

Yacimiento de litio de Thacker Pass (Nevada, EE.UU.)

Peehe Mu'huh es un lugar sagrado de gran importancia cultural para las tribus Paiute, Shoshone y Bannock de Fort McDermitt. Es uno de los pocos lugares que quedan donde los ciudadanos de las tribus aún pueden recoger alimentos y medicinas tradicionales y honrar a sus antepasados. El proyecto de explotación de la mina de litio de Thacker Pass, en Nevada (EE.UU.), pone en peligro estos lugares sagrados y las zonas tradicionales de alimentación. Según la tribu, la explotación provocará una afluencia de trabajadores mineros a la zona, lo que pondrá a prueba las infraestructuras de la comunidad. En una petición en línea, los grupos que se oponen a la mina de Thacker Pass advierten de que esta afluencia "provocará un aumento de las drogas duras, la violencia, las violaciones, las agresiones sexuales y la trata de seres humanos"[10 ] La mina propuesta de Thacker Pass, de 18.000 acres, se adentraría también en tierras ancestrales de la tribu paiute de Burns, la colonia india de Reno-Sparks y las tribus shoshone-paiute de la reserva india de Duck Valley[11].

La mina recibió la aprobación final de la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos (BLM) en enero de 2021, y su operador, Lithium Americas, recibió los permisos finales a nivel estatal en febrero de 2022[12] sin aplicar el CLPI. La aprobación de la BLM se produjo a pesar de su conclusión de que la mina amenazaría cerca de 60 lugares de importancia cultural o histórica, en su mayoría lugares indígenas de fabricación de herramientas de obsidiana y lugares de habitación[13]. Una demanda presentada por la Colonia Indígena Reno-Sparks, la Tribu Paiute Burns y la Tribu Paiute Summit Lake demuestra que la mina propuesta carece de licencia social para operar entre los pueblos indígenas directamente afectados. El plan de Lithium America para mitigar los daños de la explotación minera a los lugares culturales de los pueblos indígenas también se elaboró sin consultar[14]. Si se establece, la mina sería la mayor mina de litio de Estados Unidos[15].

En enero de 2023, General Motors (GM) anunció una inversión de 650 millones de dólares estadounidenses en Lithium Americas para ayudar a desarrollar la mina de litio de Thacker Pass y obtener minerales para su cadena de suministro de vehículos eléctricos. La Política de Derechos Humanos de GM[16] y el Código de Conducta para Proveedores[17] contienen compromisos con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y el CLPI. GM se ha negado a reunirse con People of Red Mountain, una organización de comunidades indígenas afectadas por la mina de Thacker Pass[18].

Aunque se considera que el riesgo "medioambiental y social" es el número uno para la industria minera y metalúrgica en 2022[19], los inversores pueden pasar por alto la cuestión específica de los derechos, títulos e intereses indígenas. Si no se respetan los derechos indígenas y el CLPI, las empresas y los inversores se exponen a múltiples riesgos, entre ellos jurídicos (por ejemplo, decisiones de tribunales nacionales o internacionales sobre concesiones otorgadas por el gobierno), políticos (por ejemplo, referendos, cambios en la legislación), operativos (por ejemplo, retrasos y cancelaciones debido a protestas) y de reputación. Un estudio sobre el coste de los conflictos entre empresas y comunidades en el sector extractivo puso de manifiesto que una explotación minera de categoría mundial con unos gastos de capital de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares podría perder unos 20 millones de dólares a la semana por paros debidos a conflictos entre la empresa y la comunidad [20].^[20]

Explosión de Rio Tinto en las cuevas de Juukan Gorge (Australia Occidental)

En mayo de 2020, Rio Tinto destruyó un yacimiento aborigen sagrado de 46.000 años de antigüedad en las cuevas de Juukan Gorge, en Australia, para ampliar su proyecto de exploración de mineral de hierro. La PKKP Aboriginal Corporation, que administra en su nombre las tierras y aguas tradicionales del pueblo Puutu Kunti Kurrama y del pueblo Pinikura, había manifestado anteriormente su preocupación y solicitado la preservación del lugar. Sin embargo, el 24 de mayo, la zona fue destruida[21].^[21] Varios altos ejecutivos de Rio Tinto dimitieron por el incidente, y la empresa recibió reacciones negativas de los accionistas, el gobierno y el público. Los inversores de la empresa votaron en contra de los paquetes salariales de los ejecutivos en la Junta General de Accionistas de 2021, que incluían primas para los altos ejecutivos.^[22] El gobierno inició una investigación federal en la que se ponía de manifiesto la inadecuación de la normativa vigente de protección del patrimonio cultural de Australia Occidental.

La transición a una economía baja en carbono representa una oportunidad para rediseñar las políticas y los procesos económicos y empresariales de modo que tengan en cuenta las soluciones locales, la capacitación y el desarrollo de capacidades de las comunidades indígenas. Para que la transición a una economía baja en carbono sea justa, equitativa e integradora, los pueblos indígenas deben participar en la toma de decisiones cuando las políticas y proyectos propuestos puedan afectar a sus derechos y medios de vida.

Three Nations Energy, Alberta, Canadá

En una remota aldea del norte de Alberta, una coalición formada por la Primera Nación Athabasca Chipewyan, la Primera Nación Mikisew Cree y la Asociación Metis de Fort Chipewyan ha liderado el desarrollo de Three Nations Energy, un proyecto de 7,76 millones de dólares con una capacidad de 2,2 Megavatios que constituye la mayor granja solar remota sin conexión a la red del país[23 ]. El proyecto se creó en 2018 para llevar electricidad limpia, baja en carbono, asequible y fiable a la comunidad de Fort Chipewyan. Este sistema está conectado a un sistema de baterías de última generación de 1,5 megavatios-hora y suministrará a Fort Chipewyan unos 3.200 megavatios-hora de electricidad al año, desplazando más de 800.000 litros de combustible diésel anualmente[24].

RECOMENDACIONES PARA LOS INVERSORES

Los inversores pueden adoptar las siguientes recomendaciones para fomentar una transición justa, inclusiva y basada en los derechos hacia una economía baja en carbono que respete los derechos, títulos e intereses indígenas, e identifique y mitigue los posibles riesgos materiales para sus carteras.

1. Articular una visión clara de los derechos de los pueblos indígenas que se centre en la libre determinación para orientar las políticas y las operaciones: Esto incluye reconocer y comprender la importancia de los marcos, leyes e informes nacionales e internacionales pertinentes y cómo se aplican a las operaciones, la estrategia, las prioridades y los resultados de la industria para los pueblos indígenas. Los marcos pertinentes que pueden orientar las políticas y las prácticas son:

• Resoluciones y convenios internacionales y nacionales: La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT 169) y el principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
• Informes nacionales y llamamientos a la acción: En Canadá, el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR ) y el Informe Final de la Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas.
• Principios y directrices para empresas e instituciones financieras: Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para una Conducta Empresarial Responsable, la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para la Participación Significativa de las Partes Interesadas en el Sector Extractivo.

Los inversores deben reconocer que las leyes nacionales y regionales constituyen sólo una norma mínima de protección de los derechos de los pueblos indígenas, y que ningún país protege actualmente a los pueblos indígenas según las normas establecidas por la DNUDPI. Al adherirse a estos marcos sugeridos de leyes y normas internacionales, los inversores pueden garantizar que se centran en el nivel más alto de protección de los derechos de los pueblos indígenas, lo que proporcionará seguridad a los pueblos indígenas y valor a largo plazo para los accionistas.

2. 2. Ejercer la diligencia debida en toda la cadena de inversión y utilizar la voz de los accionistas para promover los derechos de los pueblos indígenas: Esto incluye mantener el diálogo con las empresas en cartera, abogar por políticas corporativas significativas y métricas de información sobre la reconciliación, los derechos de los pueblos indígenas y el CLPI, y apoyar las votaciones sobre las relaciones indígenas en las Juntas Generales Anuales (JGA) de las empresas participadas.

Voto por delegación y reconciliación económica indígena

Los inversores pueden emprender acciones directas exigiendo responsabilidades a los gobernantes a través de votaciones por delegación y exigiendo información sobre las contribuciones económicas y sociales de la industria a las comunidades. En 2021, los accionistas de TMX Group Ltd. votaron a favor de una resolución sobre la inclusión y la reconciliación de los indígenas, que recibió el 98% del apoyo de los accionistas. La propuesta pedía a la empresa que informara sobre programas y políticas de empleo indígena y relaciones con la comunidad, objetivos y divulgación sobre adquisiciones de empresas de propiedad indígena y compromiso con organizaciones indígenas[25].^[25] A continuación, los accionistas de Toromont Industries Ltd. apoyaron abrumadoramente una propuesta que exigía a la empresa informar sobre las relaciones con la comunidad indígena, y la resolución recibió un 99% de apoyo en la Junta General de Accionistas de 2022.

3. Revisar, identificar y explorar asociaciones con comunidades, empresas y organizaciones indígenas: Esto incluye fomentar las asociaciones relacionales con las comunidades indígenas que puedan añadir valor mutuo, mejorar la comprensión de los inversores y las empresas de las aspiraciones y prioridades de los pueblos indígenas y potenciar la reconciliación económica. Algunos recursos que pueden orientar a los inversores son:

• Avanzar hacia la reconciliación en Canadá. Guía para inversores
• Invertir para hoy, mañana y las generaciones futuras. Guía para inversores indígenas
• Mover el capital, cambiar el poder: identificar oportunidades para que los inversores aumenten la demanda de empleo, promoción y contratación de los indígenas.
• Guía para la conciliación empresarial en Canadá

Proyecto de minerales de tierras raras de Nechalacho (Territorios del Noroeste, Canadá)

El proyecto de tierras raras de Nechalacho es el primer proyecto minero de tierras raras de Canadá. Está situado en las tierras tradicionales de la Primera Nación Yellowknives Dene e inició sus operaciones en marzo de 2021. La empresa noruega REEtec acordó firmar por cinco años de suministro. Cheetah Resources Corp, una filial canadiense de Vital Metals Ltd., es el operador de la mina. filial canadiense, es el operador del proyecto y propietario de los yacimientos cercanos a la superficie. Det'on Cho Nahanni Construction Corporation, propiedad de la Primera Nación Yellowknives Dene, dirige las operaciones extractivas del proyecto Nechalacho.

A pesar de ser una explotación minera a pequeña escala, Nechalacho representa una oportunidad para crear empleo significativo. El 80% de los empleados de Nechalacho son indígenas. Sin embargo, muchos miembros de la Primera Nación y de otras comunidades indígenas de los alrededores trabajan en la industria de los combustibles fósiles, y los puestos de trabajo resultantes de la transición a una economía con bajas emisiones de carbono requieren cualificaciones específicas. La transición representa una oportunidad de capacitación, formación y educación de la mano de obra[26].

El proyecto es también una oportunidad para crear una cadena local de suministro de minerales, asociaciones e inversiones a largo plazo. Cheetah llevó a cabo operaciones de clasificación del mineral en las instalaciones de procesamiento de Vital en Saskatoon entre 2021-2023 y se espera que realice una segunda campaña de extracción en 2024. A principios de 2022, Ucore Rare Metals avanzaba planes para desarrollar una instalación de separación de minerales de tierras raras en Alaska, que puede ser la pieza para crear una cadena de suministro norteamericana de elementos de tierras raras. Existe un gran interés por establecer vínculos en el lado de la equidad, con la creación de participaciones accionariales y una fuerte participación de los pueblos indígenas en la cadena de suministro.

[1] Hund, K., la Porta, D., Fabregas, T., Laing, T., & Drexhage, J. (2020). Minerales para la acción climática: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition. En Climate Smart Mining Initiative - The World Bank Group. http://pubdocs.worldbank.org/en/961711588875536384/Minerals-for-Climate-Action-The-Mineral-Intensity-of-the-Clean-Energy-Transition.pdf

[2] Owen, J.R., Kemp, D., Lechner, A.M. et al. Energy transition minerals and their intersection with land-connected peoples. Nat Sustain 6, 203-211 (2023). https://doi.org/10.1038/s41893-022-00994-6

[3] Birss, M. y Finn, K. (2022). The Business Case for Indigenous Rights. Standford Social Innovation Review. Amazon Watch. https://amazonwatch.org/news/2022/0622-the-business-case-for-indigenous-rights; First Peoples Worldwide. (2022). First Peoples Worldwide Partners with Adasina Social Capital to Develop Comprehensive Indigenous Rights Risk Screen for Investors. First Peoples Worldwide.

[4] Dembicki, G. (2021, 20 de abril). Indigenous Workers Are Escaping 'Toxic' Fossil Fuel Jobs. Vice. https://www.vice.com/en/article/jg8xj3/indigenous-workers-are-escaping-toxic-fossil-fuel-jobs-for-solar

[5] FAO. (2016). Consentimiento libre, previo e informado. Un derecho de los pueblos indígenas y una buena práctica para las comunidades locales. https://www.fao.org/3/i6190e/i6190e.pdf

^[6] Mertins-Kirkwood, H., y Deshpande, Z. (2019). Quién está incluido en una transición justa? Considerando la equidad social en el cambio de Canadá hacia una economía de carbono cero. Canadian Center for Policy Alternatives. https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National Office/2019/08/Who is included in a just transition_final.pdf; ONU. (2015). Acuerdo de París. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

^[7] El Centro Canadiense de Políticas Alternativas (CCPA) señala que los principales beneficiarios de los beneficios de las políticas de transición en Canadá son "varones blancos nacidos en Canadá que trabajan en industrias dependientes del petróleo, que ganan un ingreso medio promedio de más de 130.000 dólares al año". Mertins-Kirkwood, H., y Deshpande, Z. (2019). Quién está incluido en una transición justa? Considerando la equidad social en el cambio de Canadá hacia una economía de carbono cero. Canadian Center for Policy Alternatives. https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National Office/2019/08/Who is included in a just transition_final.pdf

^[8] Centro de Recursos para Empresas y Derechos Humanos Transition Minerals Tracker: https://www.business-humanrights.org/en/from-us/transition-minerals-tracker/

[9 ] Indigenous peoples Rights International (IPRI) y Business & Human Rights Resource Center. (2022). https://www.business-humanrights.org/en/from-us/briefings/protector-not-prisoner-exploring-the-rights-violations-criminalization-of-indigenous-peoples-in-climate-actions/

[10] Entrevista con el pueblo de Montaña Roja, 2021.

[11] Entrevista con el pueblo de Montaña Roja, 2021.

[12] Lithium Americas. (2022). Lithium Americas recibe los últimos permisos estatales clave para Thacker Pass; proporciona información actualizada sobre el calendario de permisos federales. https://www.lithiumamericas.com/news/lithium-americas-receives-final-key-state-permits-for-thacker-pass-provides-update-on-federal-permitting-timeline

[13] Lithium Americas. (2022). Lithium Americas recibe los últimos permisos estatales clave para Thacker Pass; proporciona información actualizada sobre el calendario de permisos federales. https://www.lithiumamericas.com/news/lithium-americas-receives-final-key-state-permits-for-thacker-pass-provides-update-on-federal-permitting-timeline

[14] Lithium Americas. (2022). Lithium Americas recibe los últimos permisos estatales clave para Thacker Pass; proporciona información actualizada sobre el calendario de permisos federales. https://www.lithiumamericas.com/news/lithium-americas-receives-final-key-state-permits-for-thacker-pass-provides-update-on-federal-permitting-timeline

[15] Mcgee, N. (2023). Massive new North American lithium mine closer to reality with GM investment in Lithium Americas. The Globe and Mail. https://www.theglobeandmail.com/business/article-lithium-americas-gm-thacker-pass-mine/

[16] Política de derechos humanos de General Motors: https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Human_Rights_Policy.pdf

[17] Código de conducta para proveedores de General Motors: https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Supplier_Code_of_Conduct.pdf

[18] Véase Pueblo de la Montaña Roja: https://peopleofredmountain.com/

[19] EY. (2021). Top 10 business risks and opportunities for mining and metals in 2022. https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/mining-metals/ey-final-business-risks-and-opportunities-in-2022.pdf

^[20] Davis, R., y Franks, D. (2014). Costs of Company-Community Conflict in the Extractive Sector (Costes de los conflictos entre empresas y comunidades en el sector extractivo). CSR Initiative at the Harvard Kennedy School, Shift, CSRM at The University of Queensland. https://shiftproject.org/wp-content/uploads/2020/01/Costs_of_Conflict_Davis-Franks.pdf

^[21] Young, E. & Ingram, T. (2021). Un año después de la destrucción de Juukan, ¿podría repetirse? The Sydney Morning Herald. https://www.smh.com.au/national/a-year-on-from-the-destruction-at-juukan-could-it-happen-again-20210518-p57syw.html

^[22] Lannin, S. & Pupazzoni, R. (2021). Rio Tinto hit by huge protest vote on executive pay over Juukan destruction. ABC News. https://www.abc.net.au/news/

[23] Omstead, J. (2020). Se inaugura un parque solar de propiedad indígena en una remota comunidad del norte de Alberta. CBC News. https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/indigenous-owned-solar-farm-fort-chip-1.5807721

[24] Energía de las Tres Naciones. https://www.3ne.ca/

^[25] See more: https://rrii.org/2021/05/13/press-release-tmx-vote-reconciliation/

[26] Entrevista con Det'on Cho Management LP y Yellowknives Dene First Nation, 2021