por Tatiana Alarcón (Directora de Programas y Promoción, Mining Shared Value) y Gabriela Ruiz (Oficial de Investigación, SHARE)
Existe un consenso mundial sobre el hecho de que la producción y el consumo humanos de combustibles fósiles son los principales responsables del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y del calentamiento global.[1] Los esfuerzos para lograr emisiones netas cero han hecho necesaria la definición de objetivos y la formulación de acuerdos climáticos en ámbitos multilaterales para animar a gobiernos y empresas a frenar la dependencia de los combustibles fósiles; así como para garantizar una transición justa hacia una economía baja en carbono que minimice las dificultades para los trabajadores y las comunidades y maximice los beneficios de las políticas climáticas[2].[2]
La transición desde las fuentes de energía convencionales basadas en el carbono requerirá una mayor adopción de soluciones solares, eólicas, geotérmicas y de almacenamiento de energía. Esto, a su vez, creará una mayor demanda de materias primas para estas tecnologías, incluido el mineral de hierro para sustituir el hormigón por acero, el aluminio para el transporte eficiente, y el litio, cobre, manganeso y grafito para las tecnologías de baterías y mejoras de la red eléctrica.
América Latina, y concretamente los países de la comunidad andina -Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú- poseen importantes reservas de estas materias primas, y los gobiernos y los investigadores no han explorado suficientemente las repercusiones socioeconómicas reales y potenciales de la transición energética en las economías y comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas.
¿Qué es una transición justa?
Hay distintas interpretaciones de lo que significa una transición justa. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros movimientos ecologistas y de justicia social coinciden en que una transición justa exige pasar de una economía extractiva a una economía regenerativa, garantizando al mismo tiempo los costes y beneficios justos, equitativos y justamente distribuidos de una economía verde. Una transición justa para todos debe contribuir, entre otros, a los objetivos de trabajo decente, inclusión social y erradicación de la pobreza[3].[3]
Las definiciones de "transición justa" también se basan en conceptos como la autodeterminación, la soberanía indígena y la resiliencia. La Red Ambiental Indígena señala que una transición justa "reconoce los derechos, la soberanía y la afirmación de la autodeterminación indígenas para controlar y gestionar nuestras tierras, aguas y territorios ancestrales y todos los recursos naturales, incluidas nuestras propias leyes, valores, costumbres y tradiciones"[4].
Reconoce que la transición a una economía regenerativa debe ser justa y equitativa, reparar los daños del pasado y crear nuevas relaciones de poder para el futuro[5].
El Acuerdo de París ha impulsado a los gobiernos a establecer contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) para reducir las emisiones nacionales y garantizar "una transición justa de la mano de obra y la creación de trabajo decente y empleos de calidad de conformidad con las NDC"[6] Además, el Acuerdo ha guiado los cambios en todo el sector minero mundial para acelerar los esfuerzos de descarbonización, estimulando el interés de los inversores y la cobertura por parte de las normas internacionales de información de las emisiones de GEI de alcance 1, 2 y 3. Por ejemplo, los miembros del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés) se han comprometido colectivamente a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de alcance 1 y 2 para 2050 y a acelerar las medidas relativas al alcance 3 [7].[7]
En América Latina, la transición justa representa un reto debido a la dependencia económica de la región de la extracción de carbón, gas natural y petróleo crudo. Casi el 4% del Producto Interior Bruto (PIB) procede del sector extractivo, y las exportaciones mineras representan más del 50% de las exportaciones totales en países como Chile y Perú[8].[8]
Las empresas transnacionales son los principales operadores de proyectos de extracción de combustibles fósiles. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina puso de manifiesto que las empresas canadienses dirigen entre el 50% y el 70% de la actividad minera en América Latina.[9]
En la región andina, los gobiernos están proponiendo políticas públicas y proyectos enfocados en la transición de una economía extractiva hacia la descarbonización. En Bolivia, laAgenda Patriótica 2025 propone un cambio de la matriz energética centrado en la reducción de los combustibles fósiles para la generación de electricidad y el aumento de las fuentes de energía renovables [10].[10] La producción de energía en Bolivia depende principalmente del gas natural, y la extracción de litio para tecnologías verdes representa una fuente potencial de ingresos. En 2022, Colombia expidió la Política de Transición Energética (CONPES 4075) que establece lineamientos, estrategias y acciones para promover el uso de fuentes no convencionales de energía.[11]
Un tren de mercancías pasa por Chimborazo, Ecuador. c/o Fernando Tapia (Unsplash)
En Ecuador, la Ley de Eficiencia Energética declara de interés nacional y política de Estado el uso eficiente, racional y sostenible de la energía. El gobierno de Ecuador se compromete a incentivar la inversión privada para ampliar la matriz energética en base a políticas de energías renovables, generando trabajo decente y desarrollo social.[12] En Perú, el gobierno está promoviendo un plan de transición energética que considera el uso de vehículos eléctricos y energías renovables como los pasos para lograr la reducción de emisiones de carbono y la recuperación económica tras la pandemia del COVID-19 [13].[13]
Las organizaciones de la sociedad civil han criticado estas políticas y planes debido a la omisión de los aspectos e impactos sociales en la planificación y ejecución de la transición energética y las medidas de descarbonización. Aunque algunos países han incorporado el concepto de transición justa en sus políticas, muchas acaban siendo reduccionistas, con escasa consideración y participación de las voces marginadas, como los pueblos indígenas, las mujeres y los trabajadores[14].[14]
Retos y oportunidades para una transición justa
Transición justa y pueblos indígenas
A pesar de su pequeña contribución a las emisiones de GEI, los pueblos indígenas suelen ser los primeros y más afectados por los efectos del cambio climático. Debido a su dependencia y relación con el entorno natural, el cambio climático agrava las dificultades a las que se enfrentan las comunidades indígenas, como la inseguridad alimentaria, los desplazamientos, la desposesión de tierras y recursos y las violaciones de los derechos humanos[15].[15]
La transición energética ha aumentado, y seguirá haciéndolo, la demanda de minerales críticos para desarrollar tecnologías de energías renovables y, con ello, abrirá la puerta al desarrollo de nuevos proyectos extractivos y energéticos que operen en tierras indígenas. Al mismo tiempo, este escenario aumenta enormemente el riesgo de que no se incorporen los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en la participación de las comunidades y de que se produzcan nuevos desplazamientos y despojos de las tierras ancestrales. Además, frenar la extracción de combustibles fósiles puede amenazar a las comunidades indígenas que dependen de esta industria como fuente de empleo y del gasóleo como fuente de energía.
La transición representa una oportunidad para aplicar soluciones climáticas y energéticas en un proceso justo e integrador basado en los derechos humanos y de los pueblos indígenas, en el que las poblaciones vulnerables y marginadas, incluidos los pueblos indígenas, estén en el centro de la toma de decisiones relacionadas con políticas y proyectos que puedan afectar a sus derechos y medios de vida.
Los pueblos indígenas pueden ser actores vitales en la transición a una economía con bajas emisiones de carbono y proponer soluciones ecológicas, y los conocimientos tradicionales indígenas pueden aportar información fundamental al discurso mundial para mejorar la resiliencia de los ecosistemas. Por ejemplo, Three Nations Energy, una empresa conjunta de la Primera Nación Mikisew Cree, la Primera Nación Athabasca Chipewyan y la Asociación Métis de Fort Chipewyan, posee y gestiona una huerta solar con 5.760 paneles solares que abastecen del 25% de sus necesidades energéticas a una comunidad dependiente del gasóleo en el noreste de Alberta (Canadá)[16].
Una granja de paneles solares. c/o American Public Power Association (Unsplash)
Para que se produzca una transición justa, las comunidades y su bienestar deben ocupar un lugar central. Para los pueblos indígenas, esto significa comprometerse a poner en práctica el CLPI, la DNUDPI y otros marcos internacionales y nacionales para la reconciliación (por ejemplo, en Canadá, el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y el Informe Final de la Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas), de forma iterativa en proyectos de alto nivel y a nivel comunitario.
Permitir que persistan unas pautas de compromiso deficientes tendrá las mismas consecuencias que los anteriores proyectos de las industrias extractivas, en los que los pueblos indígenas han recibido escasos beneficios económicos de la extracción de sus recursos sin prestar atención a las preocupaciones medioambientales actuales y a las repercusiones sociales del desarrollo, incluidas las violaciones de los derechos humanos.
Transición justa y proveedores locales
Como consecuencia de la demanda de materias primas, muchos minerales críticos, como el cobre, el níquel, el cobalto y el litio, serán deficitarios en 2025-2026.[17] Se espera que la demanda de cobre se duplique para 2035, con un déficit estimado del 20% en la oferta mundial, a pesar de la maximización de la utilización de la capacidad y el aumento de las tasas de reciclaje[18].[18]
En la transición energética, los proveedores del sector minero se verán afectados no sólo por el aumento o la disminución de la actividad en determinados tipos de minería, sino también por la presión que se está ejerciendo sobre la industria para que reduzca su huella de carbono. Esto tiene implicaciones para las economías locales y la mano de obra a lo largo de toda la cadena de valor de la minería, ya que para algunos mineros, una parte significativa de las emisiones puede atribuirse a los bienes y servicios adquiridos (alcance 3, categoría 1).
La adquisición de bienes y servicios suele representar el flujo financiero más importante de los proyectos y operaciones mineras en los países anfitriones. Las cifras del Consejo Mundial del Oro corroboran esta afirmación: en 2020, el gasto de las empresas miembro en adquisiciones en el país ascendió a 26.200 millones de dólares, superando tanto los salarios de los empleados (8.700 millones de dólares) como el pago de impuestos a los gobiernos (7.600 millones de dólares) [19].[19]
Las repercusiones de la transición justa en los proveedores locales son diversas. Los compromisos de reducción de emisiones podrían tener consecuencias adversas para los proveedores a nivel local si las empresas compradoras empiezan a hacer hincapié en criterios de selección que den prioridad a los bienes con menor huella de carbono. Se espera que los indicadores convencionales de rendimiento de los proveedores, como la calidad, el servicio y el precio, se amplíen para captar mejor los elementos de abastecimiento, fabricación, embalaje, distribución, uso y eliminación. Esto exigirá una adaptación considerable por parte de los proveedores, cuya carga se ampliará desde la transición a insumos o tecnologías con bajas emisiones de carbono hasta la transformación de sus modelos de negocio.
Para satisfacer las nuevas y cada vez más complejas demandas de productos y servicios que se alinean con las estrategias destinadas a reducir las emisiones de alcance 1 y 2 de las actividades mineras (por ejemplo, cambios en el suministro de energía, electrificación de las flotas, cambios a combustibles limpios), los socios de la cadena de suministro tendrán que evolucionar. Existen dificultades inherentes al hecho de centrarse en las emisiones de la cadena de suministro, especialmente cuando se habla de la descentralizada, a menudo global y compleja red de proveedores. Entre estas dificultades se encuentran la recopilación de datos, la existencia de prioridades de aprovisionamiento que compiten entre sí y la necesidad de disponer de orientaciones estandarizadas sobre las mejores prácticas.
La contratación local debe ser un punto central a la hora de considerar los principios de una transición justa, incluida la justicia distributiva -distribución de costes y beneficios a través de vías como la compensación, el reciclaje y la recualificación-; la justicia procedimental -garantizar un diálogo informado y la participación en la toma de decisiones-; y la justicia reparadora -rehabilitación de las comunidades afectadas negativamente y planificación a largo plazo de la recuperación-.[20]
Una transición justa debe tener en cuenta toda la cadena de valor, incluidas las actividades previas. Debe aspirar a maximizar las oportunidades y prestar apoyo a quienes se ven afectados por la actividad minera. Además, los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no deben imponer expectativas poco razonables a los proveedores.
Una transición justa acentúa la necesidad de una participación económica inclusiva, especialmente en las comunidades mineras anfitrionas, donde los proveedores participan en un diálogo a largo plazo para apoyar la resiliencia local y garantizar medios de vida sostenibles. Las políticas de transición justa deben abordar los impactos adversos que el proceso tendrá en las empresas locales. Además, los países mineros anfitriones deben dar prioridad a la contratación local a través de la política de suministro. La descarbonización del suministro en las fases iniciales de la cadena traerá consigo una mayor complejidad de las necesidades de las empresas compradoras, un panorama de cumplimiento cambiante y la consiguiente innovación de procesos y productos por parte de los proveedores.
Facilitar programas de capacitación de proveedores que integren el acceso a la tecnología verde ayudaría a los gobiernos a garantizar una transición más eficaz. La política del lado de la demanda debería fomentar disposiciones de puntuación de las ofertas que tengan en cuenta los diferentes niveles de madurez de las empresas locales para lograr reducciones de emisiones de alcance 1 y 2. Facilitar la capacitación de los proveedores para cuantificar, notificar y reducir las emisiones también generará nuevas oportunidades de compromiso de los proveedores para las empresas mineras.
Además, las estrategias pueden requerir comunicar los objetivos de reducción de emisiones a los proveedores, lo que puede adoptar la forma de normas de la empresa, normas de terceros o lenguaje contractual adaptado. Otros enfoques pueden ser informativos, ofreciendo apoyo a los proveedores mediante formación y herramientas, como marcos y programas informáticos, o asociándose con equipos de contratación para aumentar la colaboración con los equipos de compras.
Conclusión
Los esfuerzos para promover una transición justa deben tener en cuenta el impacto que las políticas para reducir las emisiones de carbono y el aumento de la extracción de minerales críticos tendrán en las poblaciones vulnerables y marginadas, incluidos los pueblos indígenas, y el impacto en las economías locales, incluidos los proveedores del sector minero.
Para garantizar una transición justa, debe producirse una inmensa cantidad de comunicación, coordinación y supervisión entre las empresas energéticas, las comunidades locales e indígenas y las empresas locales afectadas por la actividad extractiva. Si se aborda en colaboración y de forma proactiva, la reducción de nuestra dependencia de los combustibles fósiles puede permitir a la sociedad reimaginar cómo concebimos la energía y la economía mundial.
[1] Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. (2021). Resumen para responsables de políticas. En: Cambio Climático 2021: The Physical Science Basis. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE.UU., pp. 3-32, doi:10.1017; IPCC. (2018). Global Warming of 1.5°C. https://www. ipcc.ch/sr15/; IPCC. (2014). Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de Trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. https://www. ipcc.ch/report/ar5/syr/
[2] Mertins-Kirkwood, H., y Deshpande, Z. (2019). Quién está incluido en una transición justa? Considerando la equidad social en el cambio de Canadá hacia una economía de carbono cero. Canadian Center for Policy Alternatives. https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National Office/2019/08/Who is included in a just transition_final.pdf
[3] Smith, Samantha. (2017). Transición justa. Un informe para la OCDE. https://www.oecd.org/env/cc/g20-climate/collapsecontents/Just-Transition-Centre-report-just-transition.pdf; Alianza por la Justicia Climática. (s.f.) Transición justa. A framework for change. https://climatejusticealliance. org/just-transition/; Robins, N. (2022). The just transition: shaping the delivery of Inevitable Policy Response. https://www. unpri.org/download?ac=16124
[4] Red Ambiental Indígena. (s.f.) Principios indígenas para una transición justa. https://www.ienearth.org/wp-content/uploads/2017/10/IENJustTransitionPrinciples.pdf
[5] Red Ambiental Indígena. (s.f.) Principios indígenas para una transición justa. https://www.ienearth.org/wp-content/uploads/2017/10/IENJustTransitionPrinciples.pdf
[6] Acuerdo de París. (2015). https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
[7] Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM). (2022). Nuestro compromiso con el objetivo de cero emisiones netas para 2050 o antes.
[8] Casaburi, G. & Pietrobelli, C. (2022). Las cinco nuevas dimensiones del sector minero en América Latina. https://blogs.iadb.org/innovacion/es/las-cinco-nuevas-dimensiones-del-sector-minero-y-america-latina/
[9] Grupo de trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina. (2014). El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá. https://www.dplf.org/sites/default/files/report_canadian_mining_executive_summary.pdf
[10] Agenda Patriótica 2025. 13 pilares de la Bolivia digna y soberana. https://www.planificacion.gob.bo/uploads/AGENDA_PATRIOTICA2025_MPD.pdf; Lloret Céspedes, R. (2022). Con su gas en declive, Bolivia se enfrenta a una transición energética involuntaria. Diálogo Chino. https://dialogochino.net/es/clima-y-energia-es/53587-con-su-gas-agotado-bolivia-se-enfrenta-a-una-transicion-energetica-involuntaria/
[11] Infobae. (2022). Políticas nacionales que encaminan a Colombia hacia la transformación energética. Infobae. https://www.infobae.com/america/colombia/2022/06/16/politicas-nacionales-que-encaminan-a-colombia-hacia-la-transformacion-energetica/
[12] Ministerio de Energía y Minas de Ecuador. (s.f). Ecuador consolida la producción eléctrica a partir de fuentes renovables. https://www.recursosyenergia.gob.ec/ecuador-consolida-la-produccion-electrica-a-partir-de-fuentes-renovables/
[13] Gobierno del Perú. (2022). MINEM impulsa la transición energética a través de la electromovilidad y las energías renovables. https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/650079-minem-impulsa-la-transicion-energetica-a-traves-de-la-electromovilidad-y-las-energias-renovables; Ramírez, Y. (2022). Cuatro aspectos claves para impulsar la transición energética. Rumbo Minero. https://www.rumbominero.com/peru/noticias/cuatro-aspectos-claves-para-impulsar-la-transicion-energetica/
[14] Pino, F. (2021). Opinión: Panorama ciudadano de la transición justa en Latinoamérica. Transición Justa en Latinoamérica (TJLA). https://transicionjusta.com/2021/02/11/opinion-panorama-ciudadano-de-la-transicion-justa-en-latinoamerica/
[15] Organización Internacional del Trabajo. (2017). Los pueblos indígenas y el cambio climático: De víctimas a agentes del cambio a través del trabajo decente. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-gender/documents/publication/wcms_551189.pdf
[16] Omstead, J. (2020). Indigenous-owned solar farm opens in remote northern Alberta community. CBC News. https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/indigenous-owned-solar-farm-fort-chip-1.5807721
[17] Ernst & Young (2022), Top 10 business risks and opportunities for mining and metals in 2022, p.25
[18] S&P Global. (2022). La inminente escasez de cobre supone un reto para alcanzar los objetivos de reducción a cero en 2050.
[19] Consejo Mundial del Oro. (2021). La contribución social y económica de la minería del oro, p.17
[20] McCauley, D. y Heffron, R. (2018). Transición justa: Integrando el clima, la energía y la justicia ambiental. Energy Policy, 119, páginas 1-7.
